Notas
Jueza envía a prisión de San Pedro a presunto asesino de Naidelin
La jueza Dólica Giménez dispuso la prisión preventiva de Héctor Martínez Núñez, imputado por el asesinato de Naidelin, la niña de 7 años raptada en Minga Guazú. La reclusión será en la cárcel regional de San Pedro.
La jueza penal de Garantías de Ciudad del Este, Dólica Giménez, decretó este martes la prisión preventiva de Héctor Martínez Núñez, principal sospechoso del crimen de la niña de 7 años llamada Naidelin, quien fue raptada el pasado sábado en Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná, informó el periodista Édgar Medina.
La magistrada dispuso que el imputado fuera trasladado a la Penitenciaría Regional de San Pedro, ante supuestas amenazas de muerte por parte de los presos de la cárcel de Ciudad del Este, que circularon en grupos de WhatsApp.
De hecho, la propia ministra de Justicia, Cecilia Pérez Rivas, señaló a la prensa que la vida del hombre estaría en peligro, de ser recluido en el penal de la capital de Alto Paraná.
En ese sentido, la secretaria de Estado recalcó que se tomarán medidas de cuidado especial para preservar la vida de Martínez Núñez una vez que entre a prisión.
En un principio, la Policía Nacional informó que Martínez Núñez admitió haber matado a la pequeña Naidelin. Sin embargo, este martes un video fue divulgado en redes sociales en el cual Martínez asegura que es inocente y que nunca confesó al crimen.
Los restos que presuntamente pertenecen a la niña –los resultados de ADN aún no están listos– fueron sepultados este mediodía en el cementerio de Minga Guazú. Centenares de pobladores acompañaron el servicio religioso, con pedidos de justicia.
La investigación de la Fiscalía apunta a que Martínez cometió el crimen en venganza de la tía de la niña, una adolescente de 17 años con quien mantenía una relación sentimental.
Según el abuelo de la niña, cuando la joven cortó la relación el hombre la amenazó y también a toda la familia.
En el trascurso de la tarde, el imputado será llevado al penal de San Pedro. El oficio enviado por la jueza a la Policía recalca que dicho centro de reclusión debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida del sospechoso.
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