Impugnaciones a fiscales impiden recuperación de tierras de manos de ilegales

Hugo González y otros siguen cerrando acceso a tierras del INDERT en Punta Pistola, Canindeyú
Las «chicanas» judiciales están al servicio de los ocupantes de tierras públicas destinadas a los campesinos paraguayos que reúnen los requisitos para acceder a ellas.

Un flagrante y sistemático uso abusivo del derecho viene cometiendo la familia de Hugo González y otros ocupantes irregulares de unas 250 hectáreas en el lugar conocido como Punta Pistola, colonia Laurel, distrito de Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú. En dicho lugar, el ente rural cuenta con dos órdenes judiciales para recuperar jurídicamente la posesión de las tierras a los efectos de la reforma agraria.
Los denunciados por el instituto impugnan desde el Fiscal General del Estado, a su adjunto, y a los demás agentes del Ministerio Público de varios departamentos, impidiendo así que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) tome posesión de sus propias lotes.
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Además del Fiscal General, seis agentes fiscales de las circunscripciones judiciales de Alto Paraná, Canindeyú, Coronel Oviedo y Asunción, fueron recusados en los últimos días por los González.
Los abogados, técnicos del INDERT y los propios representantes del Ministerio Público no pueden ingresar y hacer posesión efectiva de las tierras desde la semana pasada.
Cuando la comitiva fiscal llega al portón de los González, los fiscales ya se encuentran con que fueron recusados por los ocupantes ilegales.
Esta situación se viene repitiendo en más de media docena de veces, lo que retrasa el ingreso de las maquinarias del Estado para la preparación de suelo en los lotes concedidos a las 50 familias campesinas paraguayas que cuentan con Certificados de Adjudicación otorgados por el INDERT para ingresar y cultivar las tierras destinadas a la producción de renta de los nuevos colonos de la vecina Santa Lucía, jurisdicción de Itakyry, Alto Paraná.
Hugo González es considerado por el presidente del INDERT, Lic. Justo Cárdenas, como el enemigo público número uno, ya que utiliza todo su poder económico para impugnar masivamente a todos los fiscales que intentan hacer cumplir las órdenes judiciales favorables a los intereses de los compatriotas campesinos que realmente cumplan con los requisitos de la reforma agraria.

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