El año que dejó clara la necesidad de regular contenidos y privacidad online

El escándalo de Cambridge Analytica y los comicios en Brasil y Estados Unidos redoblaron este 2018 la presión sobre Google, Facebook, Twitter y otras tecnológicas para que protejan la privacidad de sus usuarios y para que limiten el tipo de contenidos que se pueden publicar online.

Aunque ya hacía tiempo que se escuchaba de la necesidad de apostar por una mayor regulación de internet, los pasados doce meses resultaron clave para convencer a los principales actores políticos y sociales que seguían dubitativos, así como a los mismos protagonistas de la industria tecnológica.

La gran «bomba» detonó en marzo, cuando se reveló que la consultora británica Cambridge Analytica (que cerró dos meses después a raíz de esta crisis) utilizó una aplicación para recopilar millones de datos de usuarios de Facebook, sin su consentimiento, con fines políticos.

La empresa se había servido de datos de la red social más utilizada del mundo para elaborar perfiles psicológicos de votantes que supuestamente vendieron, entre otros, a la campaña del ahora presidente estadounidense, Donald Trump, durante las elecciones de 2016.

El escándalo fue mayúsculo: las acciones de Facebook se desplomaron en la bolsa, el consejero delegado de la empresa, Mark Zuckerberg, tuvo que pedir disculpas públicamente y comparecer en el Congreso de EEUU, y representantes políticos en varias partes del mundo alertaron sobre la necesidad inmediata de regulación.

Apenas dos meses después, el 25 de mayo, entró en efecto el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, más conocido por sus siglas en inglés GDPR, orientado a poner al día la legislación europea sobre la materia, buscando dar al usuario una participación activa sobre quién tiene o qué se hace con sus datos.

La norma es de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros, por lo que las empresas pueden ser sancionadas si la incumplen.

Entre otras cosas, la normativa introdujo conceptos como el llamado «derecho al olvido», es decir, que una plataforma esté obligada a eliminar todos los datos que guarda de un usuario si este lo solicita.

Las grandes tecnológicas respondieron rápidamente al nuevo marco legal y tanto Google como Twitter y Facebook (propietaria de Instagram y WhatsApp) revisaron sus políticas de datos, ya fuese solo para el mercado europeo o ampliándolas al conjunto del mundo.

Pasado el primer semestre del año, la segunda mitad centró la atención en la otra gran batalla que se libra en el campo de internet al margen de la privacidad: el control de los contenidos y las noticias falsas o «fake news«.

Terminado el verano, se acercaban campañas electorales en dos países en los que se preveía que la circulación de información falsa en las redes sociales pudiese alcanzar enormes proporciones y condicionar fuertemente los comicios: una elección presidencial altamente polarizada en Brasil y las legislativas en EEUU.

Ante esta situación, Facebook, que ya estaba escaldada después de haber sido utilizada en 2016 por agentes rusos para fomentar confrontaciones online que contribuyeran a crispar el debate en EEUU, decidió crear un centro de control para aplacar este tipo de actividades.

» id=»5071219-Libre-1046570180_embed» />En mayo, la Unión Europea aprobó una normativa que permite el «derecho al olvido». Pixabay

La «war room» o «cuarto de guerra», como fue bautizada por la propia compañía, consistió en una pequeña sala en su sede de Menlo Park (California, EEUU) en la que trabajaban entre 20 y 30 personas responsables de coordinar a miles de empleados en todo el mundo.

Desde allí, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg rastreó a tiempo real lo que se decía en la red social con respecto a los comicios y procedió a la retirada de contenidos «no honestos», un término ambiguo que ha propiciado el debate sobre la libertad de expresión.

Es precisamente la reticencia de las grandes empresas de internet a convertirse de forma abierta en árbitros de los contenidos que los usuarios publican lo que muchos críticos ven como el talón de Aquiles de la lucha contra la propagación de noticias falsas.

Las compañías se defienden apelando a la libertad de expresión de los internautas y alegando que plataformas como Google, Facebook, Instagram o Twitter son empresas de internet que proveen servicios a los usuarios y no a medios de comunicación que deban tomar decisiones editoriales.Fuente: EFE