Banco Central investiga esquema piramidal que afectó a sojeros

Luego del escándalo desatado por la estafa piramidal que realizó la firma AJP, con perjuicios que podrían alcanzar los US$ 30 millones, se generó finalmente una reacción por parte del organismo regulador, que tomó cartas en el asunto y pidió informes sobre la situación a Bancop y otras entidades del sistema.

También figura un pedido de informe en el registro de Informconf, fechado esta semana.

Así, gracias a la insistencia del diario 5días, la Superintendencia de Bancos (SIB) reaccionó, pero en el sistema la situación puede traer mucha más cola de la que inicialmente se esperaba.

Una de las aristas es la coincidencia entre los nombres que saltaron relacionados al caso: Víctor Chamorro, Dimas Ayala (gerente de Bancop), e incluso ahora, Gabriel González (gerente del banco Itapúa), todos fueron altos directivos del Banco Central del Paraguay (BCP) en su momento.

En este contexto, el senador del Partido Unace, Jorge Oviedo Matto, recordó que existe una ley vigente –impulsada por él– que inhabilita a ex funcionarios del BCP a ocupar cargos en bancos y financieras de plaza hasta 2 años después de haber abandonado esa posición.

La idea de esta normativa era, según comenta el mismo, evitar que haya un traspaso de información sensible hacia las instituciones privadas que pueda generar una ventaja para las mismas.

“Es fácil, es como entrar a la Policía Nacional y averiguas todo el bandidaje y después vos les pasas la información a los bandidos”, afirmaba Oviedo Matto.

“Entonces, es fácil para vos entrar en el Banco Central, vos manejas todos los datos y cuando te vas le pasas a los bancos privados para que hagan sus negocios”, puntualizó, haciendo alusión al caso AJP.

También llamó la atención al corporativismo dentro del sistema financiero y los huecos legales que existen y que en teoría ayudan a sacar ventajas financieras utilizando información privilegiada.

El tema ya fue ampliamente debatido en los sistemas financieros de todo el mundo que regulan el tema hace varios años.

A nivel local la normativa se puso en vigencia apenas en enero del 2013, con lo que los casos de traslado entre instituciones anteriores no contradicen la normativa.

Lo que termina sucediendo, consideraba Oviedo Matto, es que “vos le formas a una persona que después sale y lleva todos los datos y después va y muestra las intimidades de la banca matriz a los bancos privados, eso es lo que nosotros queríamos salvaguardar en aquel entonces con la ley que presentamos”.

EL ESQUEMA

Según habían informado varios agentes en conocimiento de la operación el primer paso era organizar visitas a agricultores para convencerlos de que negocien su producción con ellos en lugar de con las empresas con quién usualmente trabajaban, ofreciéndoles precios fuera de mercado.

De aceptar la propuesta el negocio se cerraba con cheques diferidos, que normalmente eran rápidamente descontados por varias instituciones financieras a pedido de los productores.

Al principio todo marchaba bien, los productores conseguían mejor precio por sus productos y AJP conseguía un producto que volvía a negociar. Así, cada vez más se sumaron al esquema.

Pero los precios exorbitantes que pagaba la empresa tenían solamente el fin de atraer nuevos integrantes, para poder financiar a los anteriores.

Como todas estas ruedas, donde no se produce realmente ningún bien o servicio, la situación terminó explotando.

Con eso, los ingresos nuevos ya no eran los suficientes para cubrir los ,beneficios que se deberían otorgar a los demás, por lo que en AJP decidieron cortar por lo sano y dejar colgados los cheques futuros.