“La reactivación debe ser financiada con un sistema tributario más justo”

Critica el modelo de endeudamiento de Paraguay, que se agravó desde la emisión de los bonos desde el 2012, y apunta como fuente de recursos a los sectores que registraron crecimiento en las últimas décadas.

La deuda pública alcanzó al cierre del año pasado USD 12.212,9 millones y las opciones para financiar la crisis que desató la pandemia del Covid-19 se siguen agotando. Verónica Serafini, investigadora del Centro de Análisis y Difusión de Economía Paraguaya, advierte que el modelo de endeudamiento es insostenible y sugiere que la reactivación económica sea cubierta con una mayor presión tributaria a los sectores más ricos, basada en un sistema más justo en que se elimine la evasión o se aumenten los impuestos directos.

–En 2020 la deuda pública superó el 30% del PIB, por encima de las recomendaciones internacionales. ¿Qué otras opciones le quedan al país para reactivar la economía sin recurrir a un severo aumento del endeudamiento?

–En política fiscal no hay recetas mágicas ni secretos. Los recursos genuinos provienen del sistema tributario. Tanto la reactivación económica como el pago de la deuda tienen que ser financiados a partir de un sistema tributario más justo, sobre todo mirando quiénes son los que se han beneficiado más con el crecimiento económico de las últimas décadas y quiénes no han sido afectados por la pandemia.

–¿Se refiere a una suba del impuesto al sector sojero?

–A quien sea que le beneficie el crecimiento. Ahora en la pandemia al sector agrícola, a las construcciones, sector financiero y comunicaciones les fue bien. Lo que tiene que aumentar es la presión tributaria: puede ser eliminando la evasión/elusión, sin aumentar impuestos, o aumentando impuestos directos y hacer más progresivo nuestro sistema tributario.

–Entonces, ¿cree necesaria una nueva modificación del sistema tributario?

–Sin dudar. La deuda se está volviendo insostenible y ya tenemos compromisos a 2050, no podemos seguir pateando para adelante. Tampoco podemos volver a la situación anterior a la pandemia. Paraguay tuvo uno de los costos fiscales más altos porque no teníamos sistemas de salud y protección social funcionando.

–El MOPC adeuda más de USD 200 millones por inversión pública y sostiene que el impacto del Covid pudo ser peor de no ser por las obras encaradas desde el Estado. ¿Cómo afecta al país esta deuda y hasta qué punto opina que lo dicho por la cartera estatal responde a la realidad?

–Yo no conozco estudios que puedan demostrar el impacto en el empleo. De hecho, en los últimos años, los indicadores laborales se han deteriorado y si miramos el sector de la construcción, los ingresos laborales allí se mantuvieron en los mismos niveles. Desde la emisión de los primeros bonos en 2012 y durante todos los siguientes años justifican el endeudamiento con el argumento del empleo, lo cual es hasta cierto punto insostenible. Ningún país puede sostener a mediano plazo el empleo con deuda pública. Sobre todo si el país no tiene capacidad de pago porque ese dinamismo económico no genera los impuestos para volver a pagar la deuda. En el año de la pandemia (2021), el proyecto de presupuesto público ya se fue con reducciones en salud y educación. Solo ese hecho ya nos indica la terrible situación en la que estamos. Las rutas no pueden estar por encima de la vida de las personas, menos todavía si no hay garantía de su costo-efectividad y de su valor público.

–La misma institución advierte que no iniciará nuevas obras por falta de recursos, atendiendo a que ya no cuenta con fondos. ¿Cuál es la alternativa a esta situación?

–Siempre supimos que no era sostenible el nivel de gasto en infraestructura que teníamos con 10% de presión tributaria. Las alarmas sobre la deuda vienen desde que se inició la carrera desenfrenada por la emisión de bonos soberanos en conjunto con el inicio de obras sin la debida planificación, como el Metrobús, la pasarela de Ñu Guasu y el puente a Chaco’i. Con ese problema hay otras obras que son menos escandalosas porque no están a la vista y son más rurales. Por eso pasaron desapercibidas por la ciudadanía.

–¿Cómo debe responder el Estado a los gremios del sector privado que reclaman la no paralización de obras públicas?

–En realidad, el que debe responder es el Gobierno, porque el Estado somos todos y creo que la ciudadanía está haciendo su parte en la auditoría social. El malestar se siente porque se empezó a dar cuenta de que hay un doble discurso. La inversión pública es importante y positiva cuando beneficia el negocio privado, sin importar si hay o no corrupción o se genera deuda. Sin embargo, durante años la ciudadanía pidió mejores servicios de salud y el argumento era sencillo: mientras no se reduzca la corrupción no gastar más. Este posicionamiento hoy está matando gente, mientras se pelea por más rutas. El problema era que una parte de quienes opinaban eso podían pagar salud privada o viajar al exterior cuando se enfermaban. Igual que ahora que viajan a EEUU para vacunarse.

–Históricamente el sector privado pide en su discurso la no intervención del Estado en el mercado, ya que “la ley de la oferta y la demanda lo equilibra de manera natural”. ¿Qué lecciones deja la pandemia al respecto, teniendo en cuenta que el Estado asistió fuertemente a las empresas privadas, sobre todo con relación al mercado laboral?

–En ningún lugar del mundo ocurre esto. Ni en los países más liberales del mundo occidental y capitalista. Ni aquí. Aquí el Estado siempre participó, pero sesgado beneficiando a un sector minoritario. Se pide la no intervención cuando beneficia a la mayoría.

–Usted se muestra crítica con respecto a la apertura de bares y restaurantes. ¿Qué opciones propone para este sector?

–Yo no soy crítica a la apertura, lo que planteo es que en las decisiones de apertura y cierre de la economía tienen que incluirse todos los costos y beneficios. No estamos calculando los costos abismales para el sistema de salud, tampoco cuánto le cuesta al país la muerte y la enfermedad de adultos con vida laboral y los costos a largo plazo de la rehabilitación. Tampoco estamos calculando cuánto le cuesta al país la pérdida de capital humano a largo plazo con la cantidad de profesionales que mueren o se incapacitan, ni el costo de la pérdida de activos o el endeudamiento de los hogares. Hay gente que ante la enfermedad vende sus activos –taxis, negocios–, se endeuda y tarde o temprano perderá su vivienda o su emprendimiento. Tampoco estamos calculando el costo para el resto de la economía de mantener una meseta tan elevada de contagios por tantos meses.

–¿Cómo evalúa los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable y qué camino debe seguir a partir de ahora el Estado?

–Definitivamente debe fortalecer los sistemas educativos, de salud y protección social de manera drástica y estructural de manera que los niños, niñas y adolescentes no paguen la cuenta de la pandemia. En ellos está la posibilidad de no transmitir la pobreza, de pagar la deuda, de sostener el crecimiento económico.

–En cuanto al desempleo o la mayor precarización laboral durante la pandemia, ¿qué efectos colaterales observa a corto y mediano plazo para la clase trabajadora?

–Creo que el principal efecto colateral será en la destrucción de capital humano de la niñez y juventud debido a los problemas laborales de los adultos del hogar y de las oportunidades para su bienestar y su contribución al desarrollo en el mediano y largo plazo. Hay 2.000.000 de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares con adultos que ganan menos del sueldo mínimo o menos de la línea de pobreza y no tienen mecanismos de seguridad social. Una mínima parte cuenta con Tekoporã.

–Teniendo en cuenta que las mujeres son las más afectadas por la reducción de sus ingresos laborales como efecto de la pandemia, ¿cómo observa la evolución de la situación de este sector respecto a la de los hombres y qué políticas considera que se deberían aplicar desde el Estado para su atención?

–Algunos estudios muestran un retroceso de casi diez años en América Latina, lo cual significa para las mujeres una década perdida en logros laborales. En Paraguay no hicimos todavía esos estudios, pero no habría que esperar ser diferentes.

–Ahora que contamos con la ley de uso de fondos sociales de las binacionales, ¿qué recomienda para una ejecución adecuada y transparente?

–Sin dudar, salud pública, especialmente atención primaria y vacunación en los siguientes meses para fortalecer la prevención y detección temprana del virus.

–¿Cómo evalúa el programa de vacunaciones, que hasta ahora surge como la única solución sanitaria y económica?

–Sí, parece que no hay otra medida. Espero que el Gobierno haga todo el esfuerzo necesario no solo en el ámbito sanitario, sino también a nivel global. El mundo está discutiendo la liberación de las patentes, la emisión de derechos de giro por parte del FMI, la posibilidad de un impuesto global a los flujos financieros para reducir la elusión tributaria de las grandes corporaciones, muchas de ellas en Paraguay. El Ministerio de Hacienda y Cancillería tienen grandes compromisos con el país.

–¿En qué medida el Estado es negligente por la falta de acceso a las vacunas en un contexto internacional en que hay mayores facilidades de provisión para las grandes potencias con una industria farmacéutica avanzada?

–Creo que hubo muchos problemas. Se centraron en el mecanismo Covax, probablemente por razones “ideológicas” no incluyeron entre las posibilidades a las vacunas rusas y chinas, hubo una clara ineptitud, no nos podían decir que la diferencia horaria no les permitía negociar con los chinos, y también debilidad institucional. Argentina salió a comprar vacunas Sputnik antes de su aprobación porque tiene una fuerte comunidad académica científica que apoyó porque tenía información previa. Israel compró al doble del costo, aquí el Gobierno con tanta corrupción previa y desconfianza ciudadana no hubiera podido plantear esa opción y tampoco se abrió a un pacto para garantizar la legitimidad social de esa opción. La corrupción no nos mata solo porque falla el sistema de contrataciones públicas o porque la evasión y elusión no nos provee recursos suficientes, nos mata porque genera deslegitimidad política.

–La pandemia puso a prueba al modelo económico. Para algunos autores demostró que hay otras formas de administrar la riqueza y que sin duda puede haber cambios al respecto, mientras que Byung-Chul Han se muestra escéptico y teme que una vez superada la pandemia, el capitalismo actuará con mayor alevosía. ¿Cómo observa el sistema económico en la pospandemia teniendo en cuenta el contexto sociopolítico de Paraguay?

–Es difícil dimensionar lo que va a pasar a nivel global en la pospandemia. Hay hipótesis en todo sentido. Lo que sí creo es que tenemos la gran oportunidad de cambiar estructuralmente nuestro sistema económico hacia uno más diversificado, con menor dependencia de factores exógenos como la demanda internacional o el clima y, sobre todo, con generación de empleos de calidad; es decir, ingresos laborales dignos, seguridad social y mayor contribución al Fisco de quienes se benefician con el crecimiento.

Desde la emisión de los primeros bonos en 2012 y durante todos los siguientes años justifican el endeudamiento con el argumento del empleo, lo cual es hasta cierto punto insostenible.

La corrupción no nos mata solo porque falla el sistema de contrataciones públicas o porque la evasión y elusión no nos proveen recursos suficientes, falla porque genera deslegitimidad política.

Aquí el Estado siempre participó, pero sesgado beneficiando a un sector minoritario. Se pide la no intervención cuando beneficia a la mayoría.

Creo que el principal efecto colateral del desempleo o la mayor precarización laboral durante la pandemia será la destrucción de capital humano de la niñez y juventud.

Perfil
Verónica Serafini es economista, especializada en Economía del desarrollo y economía feminista. Es doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México y máster en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. Asimismo es investigadora categorizada nivel II (PRONII) y miembro del Centro de Análisis y Difusión de Economía Paraguaya.
Se desempeñó como coordinadora de la Unidad de Economía Social del Ministerio de Hacienda y trabajó como consultora en varias organizaciones nacionales e internacionales. UH

 24 de maio de 2021